La vivienda se convierte en una frontera cada vez más clara entre inclusión y exclusión

La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y exclusión. No solo refleja las diferencias económicas entre hogares, sino que también puede ampliarlas y condicionarlas durante años.

Así lo recoge el estudio «La vivienda imposible: del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia», presentado por Cáritas Española y la Fundación FOESSA, que analiza las dificultades crecientes para acceder y mantener una vivienda adecuada.

Según el estudio, el 50,6 % de las personas que viven de alquiler no tendría hoy ingresos suficientes para acceder a un alquiler sostenible, es decir, a una renta que no supere el 30 % de sus recursos. Además, siete de cada diez personas inquilinas no podrían acceder a la financiación necesaria para comprar una vivienda.

Durante la presentación se insistió en que no estamos únicamente ante un problema inmobiliario. La vivienda afecta de lleno a la posibilidad de sostener un empleo, cuidar, estudiar, mantener la salud, criar, crear vínculos y participar en la comunidad.

Tener techo no siempre significa tener hogar

Una de las ideas centrales del informe es que la vivienda no puede entenderse solo como un espacio físico.

Es también el lugar de la intimidad, la seguridad, los afectos, la crianza, el descanso y el arraigo. El espacio desde el que una persona puede construir un proyecto de vida.

Por eso, durante la rueda de prensa se planteó una distinción importante: una vivienda tiene un precio, pero su valor va mucho más allá de lo económico.

Reducirla únicamente a cuánto cuesta, cuánto se revaloriza o cuánto rinde deja fuera una parte esencial de lo que está en juego: la posibilidad de desarrollar una vida digna y estable.

El realquiler de habitaciones, una salida cada vez más frecuente

Cuando una vivienda completa queda fuera de alcance, muchas personas terminan recurriendo a habitaciones, subarriendos, acuerdos informales o convivencias forzadas.

En 2025, 266.435 personas atendidas por Cáritas, casi una de cada cuatro, habían recurrido al realquiler de habitaciones.

Compartir piso puede ser una elección libre. El problema aparece cuando vivir en una habitación no es una opción, sino la única salida posible.

En muchos casos, estas situaciones se dan sin contrato escrito, con inseguridad sobre el tiempo que se podrá permanecer en la vivienda, dificultades para empadronarse o restricciones para utilizar espacios comunes.

La habitación termina concentrando prácticamente toda la vida cotidiana: dormir, comer, estudiar, trabajar, guardar las pertenencias o cuidar a los hijos e hijas.

Durante la presentación se habló de una especie de «presencia sin permanencia»: tener una llave, pero no la seguridad de poder quedarse; pagar por un espacio, pero no poder vivirlo con plena autonomía.

Cáritas alerta además del riesgo de cronificación. Lo que debería ser una solución provisional puede prolongarse durante años y terminar normalizándose como horizonte residencial para quienes tienen menos recursos.

La vivienda también está ampliando la desigualdad

El informe pone sobre la mesa otra cuestión: la posición residencial está adquiriendo cada vez más peso en la estructura social.

No es lo mismo disponer de una vivienda familiar que pueda servir de apoyo o aval que no tener ese respaldo. Tampoco es igual pagar una hipoteca que permite generar patrimonio que destinar buena parte de los ingresos a un alquiler, o pasar de una habitación a otra sin capacidad de ahorro.

Para algunos hogares, la vivienda es una fuente de estabilidad que incluso puede transmitirse entre generaciones. Para otros se convierte en un factor de empobrecimiento y dependencia.

Esta realidad afecta con especial intensidad a hogares jóvenes, familias monoparentales, personas migrantes, hogares con baja intensidad laboral y personas con ingresos insuficientes o variables.

No basta con construir más

El estudio también matiza una de las respuestas más habituales al problema de la vivienda: aumentar la oferta.

Cáritas reconoce que existe un problema de escasez, pero advierte de que construir más no garantiza por sí solo que las nuevas viviendas sean accesibles para quienes hoy están quedando fuera del mercado.

La pregunta no es únicamente cuántas viviendas hacen falta, sino qué viviendas, dónde, para quién y a qué precio.

Si una persona no puede pagar un determinado alquiler, aumentar la oferta a ese mismo precio no resuelve su problema. Del mismo modo, ampliar la vivienda en propiedad no ayuda a quien carece del ahorro necesario para acceder a una hipoteca.

Por eso, Cáritas plantea reforzar el parque público de vivienda social, ampliar la oferta asequible, mejorar la seguridad en la tenencia y articular respuestas específicas para los hogares con ingresos bajos o inestables y para los territorios más tensionados.

Una cuestión de derechos y de bien común

Cáritas sitúa el debate de la vivienda en el terreno de los derechos humanos y del bien común.

Una respuesta no puede considerarse suficiente si mejora los promedios, pero sigue dejando fuera a quienes tienen menos recursos. Tampoco si convierte en permanentes soluciones que deberían ser únicamente provisionales.

La vivienda no es un problema privado que cada familia deba resolver por su cuenta. Es una cuestión social que afecta a la igualdad de oportunidades, la autonomía y la cohesión de la comunidad.

El reto, por tanto, no consiste únicamente en aumentar el número de viviendas. Consiste en conseguir que todas las personas puedan acceder a un hogar digno, adecuado y estable.

Porque tener un techo no es lo mismo que tener un hogar.

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