Un paso necesario hacia la inclusión: Cáritas Madrid valora el inicio del proceso de regularización de personas migrantes
14 de Enero de 2026
Cáritas se suma a la valoración positiva realizada por las entidades de Iglesia ante el inicio de un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes aprobado por el Consejo de Ministros. Se trata de una medida largamente esperada que reconoce la aportación social, laboral y comunitaria de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país en situación administrativa irregular, y que supone un avance necesario en la garantía de derechos y dignidad.
La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española subrayan que esta regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, ya que permitirá dar respuesta a personas que no pueden acogerse a las vías ordinarias y que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
Las claves del proceso aprobado por el Gobierno
El proceso de regularización impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se dirige a personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada. La autorización de residencia tendrá una vigencia inicial de un año y permitirá trabajar desde el primer día, facilitando una incorporación progresiva a las vías ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
Además, la medida contempla la regularización simultánea de hijos e hijas menores, reforzando la protección de la unidad familiar como eje clave de la integración social.
Un paso hacia una sociedad más justa e inclusiva
Cáritas, junto a las entidades de Iglesia, pone en valor el amplio trabajo de diálogo social y político desarrollado en los últimos años y el respaldo social a la Iniciativa Legislativa Popular por la regularización. En un contexto marcado por la precariedad y la desigualdad, este proceso supone una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa, cohesionada e inclusiva, donde ninguna persona quede relegada a la invisibilidad por su situación administrativa.