Las entidades de Iglesia respaldan la regularización de personas migrantes como un paso hacia una sociedad más justa e inclusiva

Las organizaciones firmantes han destacado que esta iniciativa puede dar respuesta a muchas personas que viven en situación administrativa irregular, especialmente a quienes llevan años sin poder regularizar su situación por las vías ordinarias. No obstante, advierten de la complejidad técnica y logística, que deberá desarrollarse en un plazo limitado.

Por ello, solicitan a la Administración que garantice recursos suficientes, información accesible y la posibilidad de registro presencial de expedientes para todas las personas potencialmente beneficiarias, de modo que nadie quede fuera por dificultades burocráticas.

Compromiso con los derechos y el Evangelio

Las entidades recuerdan que la acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes forman parte esencial de la misión de la Iglesia. Este compromiso, señalan, no es solo pastoral, sino también una exigencia en materia de derechos humanos, que se traduce en una presencia activa en la vida pública en favor de la justicia social.

Asimismo, consideran que la aprobación de esta regularización supone un reconocimiento al impulso de la sociedad civil, que logró movilizar a más de 900 organizaciones y recoger más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular.

Irregularidad administrativa y exclusión social

Las entidades advierten de la estrecha relación entre irregularidad administrativa y exclusión social, una realidad constatada en su trabajo diario de acompañamiento. Según el informe de la Fundación FOESSA, cerca de nueve millones de personas migrantes viven en España y el 68% de aquellas en situación irregular se encuentran en exclusión social.

En el caso de Cáritas, los últimos datos reflejan que el 47% de las personas acompañadas en 2024 no tenía su situación administrativa regularizada, lo que equivale a unas 550.000 personas, una cifra en aumento desde 2019.

De la invisibilidad a la plena participación

El comunicado subraya que la regularización administrativa supone una transformación profunda en la vida de las personas migrantes. Contar con autorización de residencia y trabajo permite acceder a un empleo digno, mejorar la estabilidad económica y desarrollar un proyecto de vida con mayor seguridad.

Además, facilita el acceso a derechos básicos como la sanidad, la vivienda o la educación, y reduce la exposición a situaciones de explotación, discriminación o abuso. En este sentido, las entidades destacan que la regularización permite pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social.

Finalmente, señalan que esta medida también tendrá un impacto positivo en el conjunto de la sociedad, al favorecer que cientos de miles de personas puedan contribuir de manera formal al sostenimiento del Estado del bienestar mediante su participación en el sistema laboral y fiscal.