La fiscal general del Estado recibe a la Mesa por la Hospitalidad para abordar la situación de las personas desplazadas

La fiscal general del Estado, María José Segarra, recibió ayer  a José Luis Segovia, vicario para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Diócesis de Madrid, en representación de la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid.

Cáritas Madrid. Julio 2019.- José Luis Segovia trasmitió ayer en persona la fiscal general del Estado la preocupación por la situación de desamparo y desprotección de núcleos familiares de desplazados con escasos recursos, que se encuentran en demanda de protección en Madrid. Actualmente, estas familias son asistidas por la Iglesia en vez de por las administraciones, tal y como se ha puesto de manifiesto en el último mes a través de diferentes escritos mandados al Defensor del Pueblo y a la propia Fiscalía por parte de la Mesa.

Tras el encuentro, en el que ha participado el fiscal coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, la Fiscalía anunció que va a solicitar información a las administraciones competentes sobre los mecanismos de coordinación existentes con los que se pueda hacer frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Esta situación se ve agravada por las altas temperaturas de estas últimas fechas, que afectan de forma especial a menores y a otras personas con problemas de salud.

Esta reunión se produjo ayer en respusta al escrito remitido a principios de este mes por José Luis Segovia, cuando se dirigió a la Fiscalía, en nombre de la Mesa por la Hospitalidad, para pedir una «intervención legal» ante «la inexplicable falta de previsión» y «descoordinación» del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento madrileño «con motivo de la llegada de cifras muy asumibles y previsibles de personas forzosamente desplazadas que demandan protección internacional y / o ayuda humanitaria». 

En el texto, firmado por el vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, José Luis Segovia, se explicó que ninguna de las tres instituciones, «está dando respuesta suficiente a las necesidades básicas y urgentes de estas personas». En bastantes casos, asevera, «las administraciones, con obvios deberes legales para con estas personas, se limitan a remitírnoslas sin más». 

El texto recalcaba que son «diferentes instancias ciudadanas y eclesiales» las subsidiarias de la falta de responsabilidad administrativa. «Tenemos que dar albergue y alimentación a personas que llegan a nuestro país y que, en no pocos casos, cuentan con hijos e hijas menores de edad, personas ancianas, enfermas o con discapacidad». 

La institución eclesial proponía a «los representantes del Ministerio Público» que se instruyan «de manera completa e inmediata personándose en las dependencias del Samur Social de Madrid» y recaben información «de cuanto estamos señalando». 

Este escrito se suma al mandado hace unas semanas al Defensor del Pueblo.

Fuente: Archimadrid